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Derecho Portuario
El derecho portuario comprende la regulación y normativa relacionadas con la gestión y operación de los puertos. Los puertos son infraestructuras clave para el comercio, así como para los sectores turístico y pesquero; desempeñando un papel fundamental en la economía de un país.
- Utilización del dominio público portuario.
- Asesoramiento y acompañamiento en procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y concesiones.
- Modificación de concesiones y solicitud de prórrogas.
Contratación pública
La contratación pública representa alrededor del 20% del PIB de España, siendo fundamental contar con un asesoramiento especializado en la materia tanto para la configuración de una licitación pública como para la impugnación de actos que se derivan de las distintas fases (preparación, adjudicación y ejecución).
- Acompañamiento para concurrir a licitaciones públicas: análisis de documentos de la licitación y apoyo para la presentación de ofertas.
- Asistencia para la elaboración de pliegos y tramitación de procedimientos de contratación pública a poderes adjudicadores.
- Preparación de recurso especial en materia de contratación, así como de recursos administrativos.
- Impugnación de actos y resoluciones en vía judicial ante el orden contencioso-administrativo.
- Asistencia al órgano de contratación frente a recursos especiales en materia de contratación pública.
- Asesoramiento en fase de ejecución de contrato: reclamaciones de cantidad por responsabilidad contractual, suspensión del contrato, penalidades, resolución del contrato, y revisión de precios.
Responsabilidad Patrimonial
Las personas tienen derecho a ser indemnizadas por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Un correcto enfoque y análisis de los hechos que han dado lugar al daño resulta clave para la prosperabilidad de la reclamación de responsabilidad patrimonial cuyos elementos fundamentales son:
- La producción de una lesión patrimonial real, efectiva, individualizable y evaluable económicamente.
- Antijuricidad del daño.
- La prestación o funcionamiento, ya sea normal o anormal, de un servicio público.
- La existencia de nexo causal entre la producción de la lesión patrimonial y la prestación del servicio.
- Que no haya mediado fuerza mayor en la producción del daño.
- Que no haya prescrito el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la Ley.
Expropiación forzosa
A través de la expropiación forzosa se procede a la privación de la propiedad privada o de derechos o intereses legítimos que se tengan sobre un patrimonio por causa de utilidad pública o interés social. La expropiación forzosa es un procedimiento regulado que requiere una asistencia jurídica especializada para garantizar un justiprecio adecuado y la legalidad de la actuación llevada a cabo por parte de la Administración expropiante.
- Acompañamiento y asesoramiento en los trámites de información pública, levantamiento de actas previas de ocupación y actas de ocupación.
- Asistencia legal para la preparación de hojas de aprecio.
- Preparación de alegaciones y recursos administrativos en vía administrativa.
- Impugnación de resoluciones del jurado provincial de expropiación forzosa en vía judicial.
- Asesoramiento para instar la expropiación por ministerio de la ley.
- Reversión en caso de no ejecución de la obra o establecimiento del servicio que motivó la expropiación.
